Tras una semana de extrema tensión, Milei cede y retira el paquete fiscal para que le aprueben la Ley Ómnibus

Javier Milei atravesó la peor semana desde el mes y medio desde que llegó a la Casa Rosada por un conflicto político que él mismo decidió escalar con los gobernadores de Juntos por el Cambio que antes eran sus principales aliados en la búsqueda de su principal objetivo inmediato: la sanción de la ley «bases» para encarar el ajuste con el que promete equilibrar el déficit fiscal y generar un escenario hacia el descenso de la inflación en los primeros 100 días de gobierno.
El jueves, frustrado por la falta de votos para la ley, Javier Milei expresó su enojo hacia sus ministros. El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo fue el elegido para hacer el anuncio que marca un brusco volantazo del Gobierno para evitar quedar en soledad. En el medio, terminó interviniendo la hermana del presidente, Karina Milei, ante la falta de garantías de que la ley sea tratada en el recinto de Diputados el próximo martes
Caputo anunció que el Gobierno decidió retirar el paquete fiscal que incluye los artículos relacionados al blanqueo de capitales, la moratoria fiscal, el adelanto de bienes personales, aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. Todo para que se apruebe lo más importante de la ley que son la delegación de poderes para decidir durante un año medidas de emergencia económica, social, de salud,
Paralelamente, Caputo confirmó que la decisión implica una baja de los ingresos, y por lo tanto, un mayor ajuste del gasto que ahora deberán pagar todos y también las provincias.
De esta manera, Milei cumple con la advertencia de reducir las partidas destinadas a las provincias y la frase que por filtrarse le valió el pedido de renuncia al ahora exministro de Infraestructura, Transporte y Obras Públicas, Guillermo Ferraro.
Caputo confirmó que ese ministerio se disuelve tras la crisis de gabinete y que se transformará en secretarías dependientes de su ministerio de Economía, lo que redundará en un fuerte ajuste del gasto en esas áreas y según dijo «en la política en general» debido a que «el compromiso con el déficit cero es innegociable».
El presidente no se muestra en público, salvo contadas excepciones, como el acto homenaje del viernes en honor a las víctimas del Holocausto y se encierra en sus despachos de Olivos y de la Casa Rosada, desde donde habla por teléfono o recibe a sus más cercanos colaboradores, como Santiago Caputo, Nicolás Posse, Karina Milei y Guillermo Francos. Y manda mensajes sobre su pensamiento a través de sus cuentas en las redes sociales para referirse a los temas de gestión, como de política en general.
Ni siquiera la crisis por la Ley ómnibus lo sacó de su despacho, y el elegido para hacer el anuncio fue el ministro de Economía.
Desde que asumió, Milei no participó de ningún acto público de gestión; ni siquiera cuando le tomó juramento a sus 8 ministros, que a partir de esta primera crisis de gabinete, pasarían a ser 7, más el jefe de Gabinete, ya que Infraestructura Transporte y Obras Públicas pasará a ser secretarías dependientes del organigrama de Economía, bajo el ala de Caputo y el monitoreo directo de Posse.
Milei le pidió la renuncia al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, que era criticado internamente por la falta de resultados en la gestión. No descarta más cambios en los negociadores con el Congreso y los gobernadores.
El vocero Manuel Adorni anticipó que así es el liderazgo libertario: funcionario que no está a la altura, es removido, no se sorprendan porque eso va a seguir pasando, es el nuevo estilo de gobierno. Lo que intentó, así, es relativizar la crisis de gabinete frente a una oposición peronista que buscó aglutinarse esta semana y sacar ventaja del paro y movilización de la CGT en contra de la ley ómnibus y el DNU.
Pero la crisis que amenaza a Milei, más allá de la ley ómnibus, corre el riesgo de escalar a nivel institucional, por eso es muy fina la posibilidad de salir airoso del conflicto con los gobernadores y la CGT, (la casta), a los que en la misma semana le declaró la guerra, y después recapituló y «escuchó y terminó cediendo a sus reclamos en busca de consensos».
El pedido de renuncia a Ferraro, aunque no vinculado a las negociaciones en el Congreso, permitió a Milei desviar la atención de la crisis política en la que se metió el Gobierno con la Ley Ómnibus. A pesar de sus intentos, no logró el respaldo unánime de las cámaras empresariales y productores agropecuarios para respaldar su plan de reformas laborales, aumento de retenciones y desregulaciones.
Varios gobernadores que antes eran aliados y diputados como el cordobés, Martin llaryora, el chubutense, Ignacio Torres, el entrerriano Rogelio Frigerio, el santafesino Maximiliano Pullaro, evaluaban rechazar todo el proyecto.
El volantazo de Milei se produjo ante el temor de que finalmente la oposición termine modificando todos los artículos de la ley ómnibus a su antojo, y que el Senado tenga que defender la ley que pide Milei solo con los 7 senadores de LLA.
En este contexto, el PRO manifestó su respaldo general a la Ley Ómnibus como medida para asegurar la gobernabilidad a Milei. Esta semana, tras la tensa reunión de gabinete posterior al paro de la CGT, Milei amenazó a los gobernadores con investigarlos por corrupción y con retener fondos para «fundirlos».
Algunos gobernadores, como Weretilneck de Río Negro, respondieron advirtiendo que cualquier amenaza de vaciar de fondos al federalismo violaría la constitución, comprometiendo servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Para «defenderse» los gobernadores amenazaron con cortar recursos básicos que cada provincia aporta a la nación como la energía.
A Victoria Villarruel, que esta semana pasó dos veces por la Casa Rosada para evaluar el clima político que rodea al presidente Javier Milei, le preocupa más como va a llegar al Senado -si es que llega y se vota el martes en Diputados- la media sanción de la ley ómnibus, que el pedido de sesión especial del Senado que presentó el kirchnerismo para tratar el jueves 2 de febrero el DNU.
En ese marco, aseguran que la vicepresidenta se va a tomar tranquila, su tiempo, sin apuro para evaluar si acepta el pedido de sesionar este jueves solo por el DNU, o si espera a que salga la media sanción de la Ley ómnibus para hacer una sesión sola con los dos proyectos.
Según el reglamento del Senado, solo las autoridades de la Cámara alta pueden convocar a una sesión especial en período extraordinario, y por más quórum que tenga, la oposición no puede hacerlo, y mucho menos tratar temas que no fueron pedidos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Cerca de Villarruel cuestionan al peronismo por «oportunismo político», al señalar que ahora están apurados en sesionar para tratar la validez del DNU cuando tardaron más de un mes para dar quorum y que se elijan las autoridades del Senado y nunca presentaron los nombres para integrar la comisión bicameral en representación de Diputados.